PDIB

En la fotografía una mujer migrante que recobró sus pertenencias al ser deportada, entre ellas su credencial electoral, dinero en moneda nacional. La devolución de sus pertenencias duró seis semanas

♦ La NO devolución de las pertenencias y sus consecuencias

Consideramos de mucha importancia hacer del conocimiento publico, la violación sistemática y generalizada en la frontera norte de México, de los derechos humanos y/o civiles, que las personas que diariamente están siendo deportadas de los Estados Unidos de América, ya que en la mayoría de los casos, no se les regresan las pertenencias que les fueron resguardadas por las autoridades migratorias al ser detenidos. Con esto se transgreden los principios de la Quinta y Décimo Cuarta enmienda de la Constitución de aquel país que establece, la primera,  los derechos y garantías del debido proceso y que les asisten a los detenidos, y la segunda de ellas habla sobre la no distinción de raza en el goce de los derechos, y aunque no se habla específicamente de personas migrantes, esta ultima enmienda se creo después de la Guerra Civil junto con otras dos mas entre las que se encuentra la abolición de la esclavitud, que nos lleva a reflexionar que el espíritu de esa enmienda fue determinar que todos los seres humanos, sin distinción de raza, gozan de los derechos que estos documentos fundamentales contienen.

Uno de los problemas más graves que se han detectado en los tres puntos de la frontera norte donde se desarrolla el Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), Ciudad Juárez, Chih., Agua Prieta, Sonora y Tijuana, Baja California, ha sido la práctica sistemática de NO regresar las pertenencias a las y los mexicanos detenidos en EUA una vez que son repatriados y  al retener los teléfonos celulares o sus libretas de direcciones sin perder de vista que en la gran mayoría de los casos, las personas deportadas no se saben de memoria los números de teléfono, resulta imposible que puedan comunicarse con sus familiares para decirles que han sido repatriados y que se encuentran en algún albergue, todo esto produce en los y las migrantes y sus familias, angustia y sufrimiento innecesario que podría evitarse si se cumpliera con la regla de que las pertenencias deben seguir a las personas detenidas y por lo tanto ser devueltas al ser finalmente liberados.

Existe un término de 30 días naturales, contados desde el momento en que las personas son detenidas por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, para que pueda hacerse el reclamo de sus objetos personales y en la mayoría de los casos llegan a México sin haber hecho el trámite correspondiente a través del Consulado Mexicano correspondiente. Esto puede deberse a la falta de información  del procedimiento, o bien, porque su proceso de repatriación se dio rápidamente y ya estando en territorio mexicano se realiza el trámite ante la delegación más cercana de la SRE, mismo que dura un mes y medio, sin ser garantía para que las pertenencias sean devueltas íntegramente

Una violación muy común que se ha detectado en cuanto al derecho a la propiedad de sus objetos personales, es la falta de devolución del dinero, pues si se trata de efectivo en moneda nacional, éste es resguardado junto con las demás pertenencias, lo que imposibilita a las y los migrantes utilizar su dinero para comprar su boleto de regreso a casa (lugar de origen), comprarse medicamento o cubrir otras necesidades inmediatas. En caso del dinero en dólares, éste es devuelto por medio de cheque que deben cobrar en alguna Casa de Cambio, lo que ocasiona que personas faltas de ética, les cobren hasta el 20% del valor del cheque, condición que las personas migrantes repatriadas terminan aceptando, pues lo ven como su única opción.

Resulta ilógico que en algunos casos no regresen la totalidad de las pertenencias, pues se supone que todas son resguardadas en una misma bolsa o caja. Por ejemplo, en Ciudad Juárez han sido detectados casos de personas a quienes no les fueron devueltas sus identificaciones oficiales, en especial la credencial para votar expedida por el  Instituto Federal Electoral (IFE), la cual les sirve para identificarse ante cualquier autoridad, cobrar envíos de dinero y por supuesto, votar en cualquier elección, derecho político que no pudieron ejercer en las pasadas elecciones todos los que fueron repatriados sin esta credencial durante el presente año, pues el IFE no realizó tramites desde el 15 de Enero hasta el 2 de Julio, es decir, reanudó este servicio un día después de los comicios electorales, y si bien es cierto que el artículo 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (COFIPE), señala que “los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos“.

Siendo realistas, pocas personas hicieron uso de este Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano, y es casi seguro que ninguno de las y los migrantes a los que no les regresaron su documento lo hayan hecho, pues al llegar a sus lugares de origen, tienen problemas aún más grandes, pues no sólo regresan con sentimientos de frustración sino que en la mayoría de los casos, tienen deudas económicas que pagar derivadas de préstamos que solicitaron para realizar la travesía en busca del “sueño americano”, que no es más que la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Por último y no menos importante para las y los migrantes, son sus fotografías familiares, objetos religiosos -como rosarios y estampas-, anillos, cadenas, entre otros objetos que son en su mayoría, de gran valor sentimental y su pérdida produce tristeza al representar para ellos el arraigo a sus familias, su lugar de origen, su fe y su cultura.

– Lic. Lizeth Martínez, Abogada del PDIB, Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

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